Julen Rementería del Puerto, reconoció que existe el riesgo de que las dependencias del estado y los poderes públicos se “colapsen” ante la falta de ministración de su presupuesto.
El integrante de la comisión de Hacienda del estado del Congreso local, Julen Rementería del Puerto, reconoció que existe el riesgo de que las dependencias del estado y los poderes públicos se “colapsen” ante la falta de ministración de su presupuesto.
En entrevista, consideró que la petición que hicieron los titulares del Poder Judicial y la Fiscalía General de que se les amplíe el presupuesto para concluir el año, tiene por objetivo hacer presión para que se les otorgue lo etiquetado desde la Cámara, para el presente ejercicio fiscal.
Explicó que a los legisladores locales les ha llegado información extraoficial que al Poder Judicial no se le está ministrando el presupuesto que les fue asignado y eso está generando problemas administrativos.
Sin duda, consideró, el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) no está pidiendo el dinero con suficiente fuerza.
“La información que nos ha llegado de manera informal es que el presupuesto del poder judicial no les ha sido entregado, tenía un presupuesto de mil 400 millones de pesos (…) y les habían entregado la mitad, evidentemente tiene problema ya no para instalar las salas de lo familias, si no en la operación (del TEPJ)”.
En el caso de la Fiscalía General, consideró que antes de dar una ampliación presupuestal, Luis Ángel Bravo debe informar si les han entregado de manera puntual lo etiquetado para este año.
“Me suena más a que estas solicitudes de ampliación son más que se solicita es que se cumpla con lo que ya estaba comprometido en el presupuesto, y eso si se tiente que entregar o de otra manera se debe investigar dónde está ese dinero”.
A lo largo del año los titulares de organismos como el OPLE, el Tribunal Electoral, dependencias del estado y los municipios se han quejado de la falta de ministración del presupuesto autorizado por el Congreso.
Ante ese hecho el diputado reconoció que el riesgo del colapso administrativo está latente, sin embargo, se dijo optimista que la Sefiplan canalizará los fondos para evitar que las dependencias o poderes dejen de operar.
Hay que recordar que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), solicitaron al Congreso local la autorización de ampliación presupuestal para concluir el año.
Sumado a que la anulación de la elección de diputado en Cosoleacaque obligaría a una elección extraordinaria con un costo de 15 millones de pesos.
El titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín descartó que se pueda autorizar mayor gasto para los poderes y órganos autónomos, especialmente porque el dinero para el presente ejercicio fiscal ya esta etiquetado.
Fernanda Castillo