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Padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en enero del 2016, presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE)  una ampliación de denuncia en contra del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y la cadena de mando que incluye al menos cinco ex funcionarios, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

Junto con otros familiares de desaparecidos acudieron al llamado que hizo la Fiscalía General del estado de presentar denuncias por desapariciones en contra de Arturo Bermúdez.

Ya la denuncia en la que piden incluir al exfuncionario la interpusieron desde el año pasado, por el delito de desaparición forzada. Hoy la ampliaron y ratificaron para que el exfuncionario sea procesado también por este hecho.

“Los padres de Playa Vicente, siendo congruentes al llamado hecho por ellos mismos a presentar más denuncias en contra de Arturo Bermúdez Zurita, mismo llamado al que ayer se sumara el Fiscal General, presentarán por escrito una ampliación de denuncia a efecto de que la Fiscalía tomando en cuenta los hechos ya acreditados analice la probable responsabilidad de los exfuncionarios”, explicó Celestino Espinoza Rivera, abogado defensor.

Explicó que  solicitó a la FGE revisar las pruebas aportadas en hechos para derivar  responsabilidades en la cadena de mando por omisiones y participación de al menos cinco jefes policiacos.

Recordó que el caso se lleva en el sistema penal anterior, por lo que puede ser más fácil integrar una consignación al juez de la causa y  ejecutar una orden de aprehensión y en su caso un auto de formal prisión. “Consideramos que existen suficientes elementos para eso, por eso pedimos a la FGE actuar en consecuencia”.

De acuerdo al Código Penal,  el delito de desaparición forzada se penaliza entre 10 y 30 años, pero si en ese lapso, el desaparecido muere, la sanción incrementa la mitad considerando que serían 45 años de prisión para los ex funcionarios de SSP, durante el sexenio priísta de Javier Duarte.

A un año de aquel suceso, hay 22 detenidos; ocho ex policías estatales y 14 civiles vinculados a un grupo de la delincuencia organizada, sin que ninguno haya recibido sentencia. Ninguno de los mandos superiores ha sido investigado.